La administración de María Elena Álvarez-Buylla al frente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), ahora transformado en Conahcyt, está bajo escrutinio luego de que auditorías identificaran irregularidades por un monto que supera los 410 millones de pesos.
De acuerdo con los informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el periodo de las cuentas públicas de 2019 a 2023 —coincidente con la dirección de Álvarez-Buylla— se documentaron 27 casos distintos de posibles anomalías administrativas que incluyen pagos indebidos, sobreprecios, servicios inexistentes y contratos otorgados sin los procesos adecuados. En ese lapso, el daño presunto al erario supera los 410.6 millones de pesos.
2021, el año con mayores irregularidades
El año más afectado fue 2021, con al menos 12 hechos irregulares reportados que involucran desaparición o manejo cuestionable de recursos por más de 220 millones de pesos. Las auditorías forenses detectaron anomalías como pagos a investigadores sin convenios formales, estímulos que excedieron los límites normativos, beneficiarios fallecidos, y subsidios emitidos con cargo a ejercicios presupuestales distintos o fuera de plazo.
Tras la transición de Conacyt a Conahcyt en 2023, el escrutinio continuó. En ese año, otras dos auditorías señalaron irregularidades por más de 70 millones de pesos, principalmente en el programa de Becas Nacionales de Posgrado y Apoyos a la Calidad. Los problemas detectados abarcan fallas en supervisión, documentación incompleta de contratos, falta de competencia en procesos de licitación y deficiencias en la actualización de padrones de beneficiarios.
Las observaciones de la ASF subrayan que, pese a los hallazgos, no se han acreditado mecanismos efectivos para recuperar los recursos ni sancionar a los implicados. Hasta ahora, la ASF ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por recursos presuntamente mal utilizados en el 2021, y se anticipa que las investigaciones continuarán para esclarecer responsabilidades.
Este nivel de irregularidades es notable: en las dos décadas anteriores —desde 2000 hasta 2018—, los montos no aclarados en el organismo sumaban cerca de 40 millones de pesos. Comparativamente, el periodo bajo Álvarez-Buylla multiplicó ese monto por más de diez veces.