El Instituto Nacional Electoral (INE) y su Órgano Interno de Control (OIC) formalizaron denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar presuntos actos de corrupción en la asignación de contratos públicos. Las indagatorias abarcan adjudicaciones para la elección judicial de 2025 y la producción de la credencial para votar, bajo una política declarada de cero tolerancia a la impunidad.
El titular del OIC, Víctor Hugo Carvente Contreras, notificó a la Cámara de Diputados la presentación de seis denuncias penales contra exservidores públicos y empresas por delitos como cohecho, tráfico de influencias, uso ilícito de atribuciones y falsificación de documentos. Entre las personas señaladas por fuentes legislativas figura la expresidenta del organismo, Guadalupe Taddei Zavala, así como el empresario contratista Alfredo Hernández Casillas.
Las investigaciones derivan de la detección de una presunta red de cinco empresas vinculadas entre sí —encabezadas por los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas— que simulaban competencia en licitaciones. Dichas compañías habrían obtenido contratos por más de 2,461 millones de pesos de organismos electorales entre 2014 y 2025. El escándalo provocó semanas atrás la renuncia de Taddei al frente del órgano autónomo.
Adicionalmente, el OIC emplazó a ocho personas servidoras y exservidoras públicas, así como a una persona moral, a audiencias iniciales por faltas administrativas graves. Estos expedientes serán remitidos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) para que determine las sanciones correspondientes, mientras la FGR desahoga las investigaciones de carácter penal.
