San Luis Potosí se ubica entre las entidades del país con mayor disparidad entre las cifras de homicidios dolosos reportadas por las fiscalías y las estadísticas oficiales de mortalidad, de acuerdo con un análisis presentado por el investigador del Centro de Investigación Multidisciplinaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Héctor Hernández Bringas. Con base en el informe definitivo de defunciones registradas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) correspondiente a 2025, el especialista señaló que el estado acumuló un subregistro del 42% en los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en comparación con las actas de defunción emitidas.
Hernández Bringas explicó que esta brecha estadística coloca a la entidad potosina dentro de un bloque de 15 estados que rebasan ampliamente el promedio nacional de inconsistencias. En el desglose estatal, San Luis Potosí se sitúa a la par de demarcaciones como Zacatecas, que encabezó la lista con una diferencia del 45%, Quintana Roo con el 44% y el Estado de México con el 40%.
El investigador detalló que la discrepancia radica en las fuentes de origen de cada institución. Mientras el SESNSP contabiliza víctimas a partir de carpetas de investigación ministeriales, el INEGI toma como sustento los certificados y actas de defunción avalados por médicos legistas. El especialista precisó que un certificado de defunción por causa violenta debería derivar necesariamente en una carpeta judicializada, trámite que los datos revelan que no ocurre en todos los casos.
A escala nacional, Hernández Bringas expuso que la diferencia global entre ambas mediciones alcanzó el 18.3%, equivalente a 5,393 homicidios adicionales registrados por el INEGI que no aparecen en las carpetas de investigación oficiales. Frente a los 24,348 casos que reporta el Secretariado Ejecutivo, los registros del INEGI documentaron 29,488 víctimas de homicidio doloso, lo que representa un promedio de 80.7 defunciones diarias en el país frente a las 66 consignadas por las autoridades de procuración de justicia.
